Radiografía de la insolvencia en Chile 2026: en nueve meses ya hay más personas en la Ley 20.720 que en todo 2025

Chile cerrará 2026 con la cifra más alta de procedimientos concursales de personas desde que existe la Ley 20.720. No hace falta esperar a diciembre para afirmarlo: entre enero y septiembre, 12.279 personas iniciaron una liquidación o una renegociación ante la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (SUPERIR), contra 11.547 en los doce meses de 2025, que ya había sido el año récord. En los últimos doce meses, de octubre de 2025 a septiembre de 2026, fueron 15.940, un 61,9 % más que en los doce anteriores.

Las cifras salen del informe público «Cifras Superir Página Web» de la SUPERIR, actualizado el 15-oct-2026 con datos hasta septiembre de 2026, y de las fuentes oficiales que se detallan al final. MisCausas las descarga, las cruza con el Censo 2024, con la mora que informa la CMF y con el Boletín Concursal, y las publica con su método a la vista. Esta es la primera radiografía de una serie que se actualiza cada mes.

Un mercado que se duplicó en dos años

La serie mensual no deja dudas sobre la dirección. En septiembre de 2026 ingresaron 775 liquidaciones de personas, el mes más alto desde que la ley entró en vigencia en octubre de 2014; los cuatro meses más altos de toda la serie son de 2026. La renegociación, el procedimiento administrativo y gratuito que se tramita ante la propia SUPERIR, alcanzó su máximo en julio de 2026 con 902 solicitudes admitidas, y se mantuvo sobre las 760 en agosto y septiembre.

El crecimiento es de los dos procedimientos, pero a ritmos muy distintos. La liquidación de personas sumó 7.769 casos en los últimos doce meses, 20,8 % más que en el período anterior. La renegociación sumó 8.171, un 139,5 % más: pasó de ser un procedimiento minoritario a superar en volumen a la liquidación. Un dato explica parte de ese salto: el 99,1 % de las liquidaciones de personas del último año son voluntarias simplificadas, el procedimiento abreviado que la Ley 21.563 puso en marcha en 2023 y que redujo los tiempos y el costo de tramitación. La renegociación, por su parte, se tramita hoy casi completa en línea: las atenciones telemáticas de la SUPERIR crecieron 252,5 % en un año.

Vista por años, la curva tiene dos ciclos. El primero sube desde la entrada en vigencia de la ley hasta 2020, con 7.770 procedimientos, y cae durante 2021 y 2022, cuando las ayudas de la pandemia y los retiros previsionales dieron liquidez a los hogares. El segundo arranca en 2023 con la reforma y no se ha detenido: 2025 cerró con 12.268 procedimientos de todo tipo, un 57,9 % sobre el máximo anterior, y 2026 ya lo superó con tres meses por delante (12.942 hasta septiembre).

Si el último trimestre repite el ritmo de los doce meses anteriores, la liquidación de personas cerrará 2026 entre 8.027 y 8.276 casos y la renegociación entre 8.345 y 9.940. No es un pronóstico: es el rango que resulta de prolongar lo observado, con y sin el peso estacional de los últimos dos años.

Quién llega: trabajadores con sueldo, no cesantes

El retrato del deudor que usa la ley cambió más que el volumen. En 2019, el 12,4 % de las personas que iniciaban una liquidación declaraba un ingreso mensual sobre $1.000.000. En los últimos doce meses, ese grupo es el 61,6 %. En la renegociación el cambio es todavía más marcado: de 22,2 % a 82,7 %, y el 40,2 % declara más de $2.000.000.

La inflación explica una parte, no el fondo. Los precios subieron 43,5 % desde 2019, así que $1.000.000 de entonces equivalen a $1.435.138 de hoy. Si se exige un ingreso igual o superior a $1.500.000, el tramo más cercano al equivalente real, igual declara ese ingreso el 32,1 % de quienes liquidan y el 60,8 % de quienes renegocian. Hace siete años, con el umbral de $1.000.000, eran el 12,4 % y el 22,2 %.

El resto del perfil apunta en la misma dirección. El 77,4 % de quienes se liquidan trabaja como dependiente y solo el 8,2 % está cesante; en la renegociación los dependientes son el 85,3 %. La edad mediana de quien liquida es de 37 años y el tramo de 30 a 44 concentra el 65,7 % de los casos. El 60,1 % es soltero, frente al 51,2 % de 2019. Y las mujeres, que eran el 38,7 % de las liquidaciones en 2019, son hoy el 46,7 %.

Medido contra la población, el riesgo se concentra en una década de la vida. Hay 244 procedimientos por cada 100.000 personas de 30 a 44 años, contra 109 entre los 45 y 59 y 47 entre los 18 y 29. Entre los hombres la tasa es de 128 por 100.000 adultos y entre las mujeres de 101.

Las profesiones con más casos confirman que la insolvencia dejó de ser un fenómeno de márgenes. En liquidación encabezan la lista los administrativos (360 casos), los profesores de enseñanza básica (298) y los técnicos en enfermería (250); siguen carabineros, profesionales de enfermería y profesores de enseñanza media. En renegociación, después de los administrativos vienen los ingenieros comerciales (237) y los contadores auditores (222).

Dónde: la Región Metropolitana pesa más de lo que le toca

La Región Metropolitana concentra el 48,6 % de los procedimientos de personas con el 40,4 % de la población adulta del país. Su tasa es de 137 procedimientos por cada 100.000 adultos, contra 114 en el promedio nacional. Fuera de ella, el volumen está en Valparaíso (1.464 casos en doce meses) y Biobío (1.407), pero las tasas más altas después de la capital están en regiones pequeñas y del sur: Magallanes (122), Aysén (121), Biobío (115) y Los Ríos (113).

Al bajar a las comunas, el mapa cambia según se mire el volumen o la tasa. Por volumen mandan las comunas grandes: Santiago (940 procedimientos en doce meses), Ñuñoa (536), Maipú (505), La Florida (498) y Puente Alto (473). Por tasa, el orden se reordena hacia el centro y el sector oriente de la capital: Ñuñoa (268 por 100.000 adultos), Santiago (259), San Miguel (247) y Providencia (209). La mezcla también varía: en Las Condes hay 274 renegociaciones por 164 liquidaciones; en Viña del Mar, 120 por 171.

En total, 318 comunas registran al menos un procedimiento. Las diez primeras reúnen el 29,2 % de los casos y las cincuenta primeras el 71,8 %.

Las empresas: pocas, pequeñas y de tres rubros

Frente a las 15.940 personas, las empresas que entraron a un procedimiento concursal en los últimos doce meses fueron 848: 789 liquidaciones y 59 reorganizaciones. Por cada empresa hay 18,8 personas. El 84,4 % de las liquidaciones de empresa corresponde a micro y pequeñas empresas, y tres rubros suman el 63,4 %: comercio (29,9 %), industria manufacturera (19,9 %) y construcción (13,6 %).

Puesto en relación con el universo de empresas que registra el SII, el fenómeno es pequeño en términos relativos: 0,43 liquidaciones por cada mil empresas en 2025. Pero la incidencia crece con el tamaño: 0,43 por mil entre las micro, 0,71 entre las pequeñas, 1,25 entre las medianas y 2,00 entre las grandes. Una empresa grande tiene 4,6 veces más probabilidad de terminar en liquidación concursal que una micro, aunque en número absoluto las micro sean la mayoría.

Lo que pasa después de entrar

Entrar al procedimiento es el comienzo. Dos cifras describen qué pasa después. La primera es la renegociación: de las 3.054 audiencias de renegociación celebradas en los últimos doce meses, 2.994 terminaron en acuerdo con los acreedores, el 98,0 %. En 2019 la proporción era de 93,4 %.

La segunda es el tiempo. MisCausas midió la duración de los 23.831 procedimientos que figuran en el Boletín Concursal al 19-oct-2026. Una liquidación voluntaria simplificada de persona que ya terminó tardó, en mediana, 352 días desde su primera publicación hasta la resolución de término (322 casos cerrados), y 275 días hasta la cuenta final del liquidador (1.535 casos). La renegociación que llegó a término tardó 337 días. Las liquidaciones no simplificadas, las de antes de la reforma, duran varios años: 1.584 días en mediana. El detalle, con sus límites, está en un artículo aparte de esta serie.

El contexto: menos personas en mora, más procedimientos

Lo más llamativo de 2026 es que el aumento de procedimientos ocurre mientras baja la mora. Según la CMF, en julio de 2026 había 230.423 personas con créditos con atraso de 90 días o más en las instituciones que le informan; un año antes eran 245.014, una caída de -6,0 %. En el mismo lapso, los procedimientos de personas crecieron 61,9 %. Por cada 100 personas con mora de 90 días se iniciaron 6,9 procedimientos en doce meses: la ley llega todavía a una fracción de quienes podrían necesitarla.

La deuda de los hogares equivale al 78,8 % de su ingreso disponible anual (segundo trimestre de 2026), apenas sobre el 77,3 % de 2019. La Tasa de Política Monetaria está en 4,5 %, lejos del 11,25 % de junio de 2023, y la inflación anual en 4,1 %. La desocupación promedió 8,9 % en el período, con 9,6 % entre las mujeres. Nada de eso explica por sí solo la curva: la correlación entre desocupación regional y tasa de procedimientos es débil (-0,24 en 16 regiones). La explicación más plausible está en el propio sistema: un procedimiento más corto y más barato desde la reforma de 2023, un trámite de renegociación que se hace en línea, y más personas que saben que la ley existe. Las 28.168 atenciones que entregó la SUPERIR en doce meses, un 25,0 % más que el año anterior y el 75,1 % de ellas por renegociación, miden esa demanda de información.

Qué significa para quien está evaluando una salida

Tres lecturas prácticas se desprenden de estas cifras.

1. La ley ya es la herramienta de la clase media que trabaja. Seis de cada diez personas que liquidan ganan más de un millón de pesos y casi ocho de cada diez tienen contrato. Quien piensa que el procedimiento es «para gente sin nada» tiene el perfil equivocado: es para quien tiene ingresos y los tiene comprometidos en cuotas.
2. Las dos vías crecen y no son intercambiables. La renegociación exige deudas vencidas por más de 90 días, dos o más obligaciones y un total sobre 80 UF, y termina en acuerdo en el 98,0 % de las audiencias. La liquidación simplificada extingue lo que se quede debiendo al término, con las excepciones que fija la ley (alimentos, entre otras), y dura cerca de un año en los casos que ya terminaron. Cuál conviene depende de la deuda, del ingreso, del patrimonio y de si ya hay demandas o embargos en curso.
3. El tiempo juega en contra de quien espera. La distancia entre 230.423 personas en mora y 15.940 procedimientos muestra que la mayoría sigue pagando intereses, repactando o esperando una demanda. La ley da una fecha de inicio y una de término; la espera no.

Cómo se hizo

Preguntas frecuentes

¿Cuántas personas se acogen a la Ley 20.720 en Chile?

En los últimos doce meses con datos (octubre de 2025 a septiembre de 2026) iniciaron un procedimiento 15.940 personas: 7.769 liquidaciones y 8.171 renegociaciones, según la SUPERIR. Entre enero y septiembre de 2026 fueron 12.279, más que en todo 2025.

¿La liquidación voluntaria es solo para personas sin ingresos?

No. El 61,6 % de quienes iniciaron una liquidación en los últimos doce meses declara un ingreso mensual sobre $1.000.000 y el 77,4 % trabaja como dependiente. La edad mediana es de 37 años.

¿Cuánto demora una liquidación voluntaria simplificada?

Entre los procedimientos que ya terminaron y figuran en el Boletín Concursal, la mediana es de 352 días desde la primera publicación hasta la resolución de término, sobre 322 casos. La mitad tardó entre 225 y 507 días.

¿Qué porcentaje de las renegociaciones termina en acuerdo?

El 98,0 % de las audiencias de renegociación de los últimos doce meses terminó en acuerdo: 2.994 de 3.054, según la SUPERIR. El acuerdo depende de los acreedores y de la propuesta; la cifra describe el resultado agregado, no garantiza un caso.

¿En qué regiones y comunas hay más procedimientos?

La Región Metropolitana concentra el 48,6 % de los casos y tiene la tasa más alta (137 por 100.000 adultos). Por tasa, las comunas que encabezan la lista son Ñuñoa (268), Santiago (259) y San Miguel (247).